Ruiz ha subrayado que “nuestros mayores no se merecen que después de una vida completamente dedicada a velar por nuestro bienestar y por nuestro futuro tengan que esperar, meses e incluso años, a que se les reconozca una situación de dependencia y puedan acceder a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho. Personas que incluso fallecen sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Lo cual resulta extremadamente dramático”.
Por ello, la consejera ha destacado que “se priorizará la incorporación al sistema de los más de 31.500 menores de 18 años y mayores de 80 que se encuentran en lista de espera, muchos de ellos valorados como grandes dependientes e incluso algunos aún sin valorar”.
Ruiz ha detallado el Informe elaborado por su Consejería y ha detectado que en la actualidad hay 110.447 personas que están actualmente pendientes de ser atendidas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con nuevos datos actualizados a 28 de febrero. Una cifra que incrementa en más de un 45% las cifras de lista de espera, recogidas en las estadísticas oficiales del sistema y que, ocultaba el anterior Gobierno socialista.
La responsable de las políticas sociales ha criticado que según los datos recogidos en dicho Informe, un total de 75.132 personas están actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA) y así poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia…).
Además, “este Informe ha concluido que 35.315 andaluces no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero ni siquiera se les ha llamado y están pendientes de ser valoradas para determinar su Grado de Dependencia”, ha señalado la consejera.
Por otra parte, ha resaltado que “un hecho que agrava más la situación es que hemos descubierto que existe un número indeterminado de solicitudes, que podríamos decir que están en el “limbo de la burocracia”, ya que al tramitarse todo en papel y no existir una aplicación informática, están en montañas de papeles que no aparecen reflejadas en ningún sistema de información”.
Plan de choque con 77 millones de inversión
De ahí la puesta en marcha de este Plan de Choque en materia de Dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros, y que tendrá como objetivos simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios que prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
“Vamos a revisar y actualizar, desde una perspectiva integral, todo el funcionamiento del Sistema de prestaciones de la atención a la dependencia, para adecuarlo a la realidad y a las necesidades del conjunto de personas usuarias”, ha destacado.
Rocío Ruiz ha detallado de manera pormenorizada la batería de medidas que se llevarán a cabo dentro de este plan como serán simplificar los trámites y la documentación solicitada, la potenciación de la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario. “Todo ello redundará en un Sistema más seguro, transparente y accesible, así como en la agilización del procedimiento administrativo y, por tanto, en la reducción del tiempo de espera”, ha explicado.
La consejera también ha desglosado los 77 millones de presupuesto destinado al Plan de Choque: 36,6 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio; 14,1 millones para la Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar; 15,7 millones de euros para atención residencial; 4,4 millones de euros para centros de día; y 6,6 millones de euros con destino a la Prestación económica vinculada al servicio.
“Un aumento de la financiación que apuesta por los servicios de proximidad, y que va a mejorar los recursos de los que se dispone para las prestaciones y servicios de la dependencia”, ha señalado. Un esfuerzo presupuestario “frente a la dejación de funciones del anterior Gobierno, que dejó sin ejecutar más de 35,2 millones del presupuesto de Dependencia durante los años 2017 y 2018”.
Por último, Ruiz ha instado “al próximo Gobierno que surja tras las elecciones del 28 de abril a que convoque, de manera urgente e inmediata, la Conferencia de Presidentes para dar una solución real y efectiva a la aplicación de la Dependencia, así como al nuevo modelo de financiación autonómica”.
