Tanto la ciudadanía como los trabajadores y empresarios de la construcción se preguntan por qué no se decretó también el cierre de los “tajos” para contener los contagios del coronavirus, cuando se insiste en permanecer en casa y cuando hay restricciones de movilidad, que no alcanza, por ejemplo, a los desplazamiento al lugar de trabajo.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, evitó contestar sobre la posibilidad de cierre para el sector de la construcción cuando los periodistas le preguntaron ayer tras el Consejo de Ministros. Por contra, insistió en que la mejor medida es quedarse en casa y recordaba que los sectores imprescindibles eran los que ahora mismo siguen funcionando.
En esta situación de pandemia algunos trabajadores se están quedando en sus casas y los que van, intentan cumplir con las condiciones de seguridad. Sin embargo, mantener las distancias es complicado en la obra cuando un albañil tiene que estar con un peón o al compartir herramientas, e incluso porque existe un déficit de equipos de protección individual en el mercado.
Otro problema que enfrenta el sector es la falta de suministros ya que sus proveedores, almacenes de pintura o polveros, por ejemplo, están cerrados. Otras empresas están trabajando con un acopio de materiales pero no saben el tiempo que les durará.
Desde un punto de vista económico, las constructoras están viendo mermadas sus certificaciones, lo que implica que no puedan facturar al ritmo suficiente para hacer frente a los créditos iniciales y al pago de las nóminas.
Por todo ello, no es extraño que tengan que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, ante la inevitable falta de liquidez cuando los pagos a proveedores y bancos no esperan.
Las constructoras están en el foco de la opinión pública y se enfrentan a un futuro incierto en un momento en el que este sector comenzaba a despuntar y volvía a tirar de buena parte de la economía.
