En la sentencia de apelación de 29 de septiembre de este año, el Tribunal Superior de Justicia condena al Ayuntamiento a costas y confirma la sentencia contra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga que declaraba nulos dos puntos de la Junta General de EMVIPSA de enero de 2019, sobre el control y fiscalización de las contrataciones laborales desde junio de 2015 a 28 de diciembre de 2018 y sobre la cesión de derecho de superficie de la entidad Supercor a la mercantil Maskom SA.
En ambos casos, el Partido Popular veleño solicitó informes de legalidad que no fueron emitidos. “El Ayuntamiento, además, cuando recayó en la primera sentencia convocó una Junta General telemática para el 30 de abril para aparentar el cumplimiento de esa primera sentencia, pero hicieron todo lo contrario, aprovechando la situación de la pandemia para no dar la documentación que era preceptiva”, ha explicado Paco Delgado (PP).
Un volumen de personal fuera de control
“¿Qué va a suceder ahora cuando la empresa municipal EMVIPSA roza ya los 1.000 empleados?”, ha preguntado el edil ‘popular’. “Necesitamos conocer el informe del Secretario municipal que se nos niega, para saber si los procesos de contratación han sido legales”.
Ahora, el ayuntamiento debería convocar una Junta extraordinaria de EMVIPSA y facilitar los informes de legalidad de solicitó el Partido Popular sobre dichos puntos.
“Esta es ya la séptima sentencia que condena al Ayuntamiento de Vélez-Málaga en esta materia. Es el gobierno más incompetente y nefasto para gobernar los intereses de todos y además es el gobierno más antidemocrático que ha existido nunca en Vélez-Málaga”, ha concluido Delgado Bonilla.
