El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga ha dictado una sentencia por la cual anula parte de la junta general extraordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvipsa) celebrada el 8 de enero de 2019 y ordena la repetición de la misma en dos de sus puntos al entender que este acto y los acuerdos que en él se adoptaron se llevaron a cabo vulnerando los derechos fundamentales de los grupos de la oposición.
Así lo ha anunciado el portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, que ha subrayado que se trata de la quinta sentencia condenatoria por vulneración de derechos fundamentales que recibe el equipo de gobierno, “lo cual confirma lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo desde el grupo ‘popular’: el gran déficit democrático que existe en nuestro Ayuntamiento, sobre todo en las personas del alcalde, Antonio Moreno Ferrer, y del primer teniente de alcalde, Jesús Atencia”.
Delgado Bonilla ha explicado que la junta general que dio origen a este procedimiento fue convocada a petición del PP e incluía entre los asuntos a tratar un punto relativo al control y fiscalización de las contrataciones en Emvipsa entre 2015 y diciembre de 2018 y otro referido a una proposición sobre la cesión del derecho de superficie de Supercor a Maskom.
El portavoz ‘popular’ ha señalado que el fallo judicial anula los acuerdos adoptados en los puntos 2 y 4 de la junta general “por no ser ajustados a derecho”, declara que dichos acuerdos “vulneran el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución”. Delgado Bonilla ha recordado que esta es la quinta sentencia condenatoria al Ayuntamiento por conculcar derechos políticos, “lo cual lo sitúa en el número 1 del ‘ranking’ de infractores en España”
En el caso de las contrataciones en Emvipsa, Delgado Bonilla ha indicado que en esta ocasión “sí que tendrán que entregarnos la pertinente documentación y el informe del interventor” con el fin de poder conocer la situación de la empresa en materia de personal y contrataciones, “área mediante la que se ha abierto una puerta trasera para colocar a amigos y militantes de los partidos en el Gobierno”.
“Por tanto, esperemos que el alcalde, teniendo en cuenta el procedimiento penal al que se enfrenta en poco más de un mes y medio, la cumpla en sus justos términos y tengamos esa junta general con toda la documentación que solicitamos en aquel momento”, ha agregado Delgado Bonilla.
