El grupo del PP en el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha registrado un derecho de información con el fin de tener acceso a la documentación sobre la actividad desarrollada por la Fundación María Zambrano desde el inicio del actual mandato corporativo, en junio de 2019, hasta octubre de 2020, fecha en la que este organismo puso en marcha el proceso para cubrir tres puestos de trabajo pese a que su actividad es prácticamente nula.
El portavoz municipal ‘popular’, Francisco Delgado Bonilla, ha informado de que el presupuesto del Ayuntamiento, mediante el que se financia la fundación, transfería hasta 2018 un total de 100.000 euros a esta entidad que tiene carácter de fundación pública local, cantidad que se vio incrementada hasta los 175.000 euros a partir de 2019 sin que en las diferentes memorias presupuestarias se justificasen las razones de este aumento.
Delgado Bonilla ha indicado que en el pasado pleno ordinario el PP denunció la actual situación de la fundación, que se encuentra prácticamente carente de actividad, “lo cual no ha sido obstáculo para incrementar la plantilla con tres nuevas incorporaciones que, a nuestro juicio, están totalmente injustificadas, una de las cuales ha sido la de una exconcejala del PSOE, que ha sido “agraciada” con una plaza de administrativo”.
"Irregularidades e ilegalidades"
El dirigente ‘popular’ ha asegurado que el proceso selectivo para cubrir estas plazas (un administrativo, un bibliotecario y un técnico superior de patrimonio) ha estado lleno de "irregularidades e ilegalidades y marcado por la opacidad y el secretismo, publicándose, por ejemplo, la convocatoria únicamente en la web y con un reducido plazo de apenas cuatro días para presentar las solicitudes”.
“Hemos comprobado además la participación en el tribunal de selección de la concejala de Cultura, Cynthia García, circunstancia que provoca la nulidad de pleno derecho de todos los procedimientos selectivos realizados”. “El art. 60.2º del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que "El personal de elección o de designación política, […] no podrán formar parte de los órganos de selección”, ha manifestado el portavoz del PP, que también se ha preguntado por qué para cubrir una plaza de administrativo se pedía como “requisito mínimo” la titulación universitaria en Económicas y/o Empresariales.
Delgado Bonilla ha recordado que la mencionada plaza de administrativo está en posesión de la ahora edil socialista Dolores Gámez, actualmente en excedencia por este motivo, y se ha preguntado quién ha estado desarrollando esta labor hasta la incorporación de la persona que ha obtenido la plaza, “que, por cierto, ha sido una exconcejala socialista”.
Han solicitado la información
“Si nadie ha estado desarrollando esa labor desde la marcha de la señora Gámez y la plaza de administrativo ha estado vacante todo este tiempo, más de año y medio, es inevitable hacerse otra pregunta: ¿por qué en octubre de 2020 surge la necesidad de su cobertura? ¿Qué razones reales lo justifican?”, ha cuestionado el edil.
El portavoz ‘popular’ entiende que, a tenor de todo lo expuesto, “es fácil comprender cuál era el objetivo del incremento en 75.000 euros de las transferencias a la fundación, que no era otro que financiar estas colocaciones a dedo en perjuicio de los objetivos fundacionales y vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la publicidad y la concurrencia”.
Por todo ello y con el fin de esclarecer la legalidad del proceso de contratación de estas tres personas y comprobar si su incorporación está justificada o no por necesidades propias de la actividad de la fundación, el PP ha solicitado acceder a toda la documentación relativa tanto al trabajo desarrollado por el organismo hasta octubre de 2020 como a todos los trámites del procedimiento de selección, incluida la designación de la concejala de Cultura como miembro del tribunal.
