El portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, ha considerado que muchas de las propuestas que hace la FEMP al Gobierno “beneficiarían en gran medida a nuestro municipio”, por lo que ha pedido al resto de grupos municipales el apoyo a estas mociones.
En la propuesta de la FEMP se advierte de la desatención, especialmente en materia de financiación, que las entidades locales llevan años sufriendo por parte de los sucesivos gobiernos estatales y autonómicos, una realidad que debe revertirse para que los municipios puedan participar “de forma equilibrada” en la solución de la crisis, de modo que ningún vecino se vea desatendido, “viva en el pueblo que viva”.
“Hay sectores vitales en la estructura económica de nuestros municipios que hay que recuperar: el pequeño comercio y los sectores de proximidad, las pymes, los autónomos, etc., y las políticas activas de empleo y de rescate a las personas son tareas en las que los ayuntamientos pueden y quieren actuar inmediatamente, aunque se trate de competencias de otras administraciones”, señala la FEMP.
Para ello, la propuesta al Gobierno pasa por la aprobación medidas tanto para su aplicación durante el tiempo que dure la situación de crisis sanitaria como para que puedan prolongarse después y asegurar así una reactivación económica y laboral local que permita volver a la normalidad sin dejar a nadie atrás.
Principales medidas
En materia financiera, se propone, por ejemplo, que el Gobierno flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit y que este pueda destinarse a cualquier tipo de actuación, prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a la población más vulnerable.
Asimismo, se pide que se prorrogue el destino del superávit de 2019 para 2020, que se autorice a los ayuntamientos a abordar gastos en áreas que no son de su estricta competencia (empleo, educación, etc.) y que se habiliten medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez.
En cuanto a las medidas de reactivación de la economía y el empleo de los municipios, la FEMP propone que las entidades locales participen como destinatarias en los fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado, dirigidos a las Comunidades Autónomas, para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
Del mismo modo, una vez superada la crisis se propone la creación de un fondo de reactivación de la economía y el empleo local que potencie, vertebre, cohesione y asegure el desarrollo económico y el empleo de los diferentes territorios.
En materia de proyectos europeos, se solicita que la nueva programación de fondos e iniciativas europeas 2021-2027 se reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales y que se promuevan proyectos Edusi para que cambien su objetivo y se dediquen a luchar contra la COVID-19 y a recuperar la economía.
En cuanto al empleo, se pide recuperar el contrato temporal de inserción (exclusivamente las Administraciones Públicas) para que los municipios puedan contratar al amparo de los planes de empleo con seguridad jurídica y que las políticas activas de empleo que se impulsen tengan el mayor impacto sobre la sociedad. Asimismo, se solicita la autorización del Estado del déficit de las Comunidades Autónomas para desarrollar o ampliar los planes locales de empleo.
En materia de contratación pública, la FEMP apuesta por flexibilizar la Ley de Contratos del Sector Público, por ejemplo con la exención a las entidades locales del pago del IVA aplicado a los contratos para la ejecución de obras públicas para actuaciones vinculadas a la COVID-19 o, en su defecto, con la devolución del mismo.
Por último, la FEMP insta al Gobierno a eliminar la tasa de reposición para los ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes y a garantizar el aprovisionamiento de material preventivo y de protección (mascarillas, guantes, geles…) para todo el personal de los servicios públicos, ya se trate de la Policía Local, Protección Civil o los trabajadores sociales y de atención domiciliaria.
