El pleno de la corporación municipal de Torrox ha aprobado este lunes la resolución formal del contrato de la concesión de obra pública y explotación del aparcamiento en la Plaza de la Almedina de Torrox, adjudicado mediante procedimiento negociado y por un periodo de 40 años a la UTE integrada por ECSA, TRIGENER y FODECS en el año 2006. La concesionaria ya decidió dejar de prestar el servicio de forma unilateral a principios de año, alegando pérdidas de más de 30 millones de euros desde su entrada en funcionamiento en 2008.
El alcalde, Óscar Medina, ha dicho durante la sesión plenaria que la concesión no se planificó adecuadamente, al entender que los estudios de viabilidad estaban mal elaborados. “Ha sido una ruina más para este Ayuntamiento, como el caso Barragán o la Plaza de la Constitución”, afirmó, aunque añadió que “no por ello vamos a dejar de defender los intereses del consistorio frente a la concesionaria, que no puede resolver un contrato de forma unilateral sin el procedimiento correspondiente”.
El acuerdo plenario contempla iniciar la liquidación del contrato, que debe ultimarse en el plazo de seis meses, y proceder a la incautación de las garantías depositadas y una indemnización de daños y perjuicios ocasionados tras el abandono del servicio desde el pasado 1 de enero, lo que llevó al consistorio a imponerle una multa diaria de 1.000 euros.
En este sentido, el informe municipal recuerda al concesionario que es responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros hasta que se produzca la entrega al Ayuntamiento de los bienes de dominio público que se hallaban afectos a la concesión, en buen estado de conservación y uso, las obras incluidas en la concesión, y los bienes e instalaciones necesarios para su explotación de acuerdo con el contrato, y según se hubiera reflejado en el acta de recepción suscrita al inicio del mismo.
Una vez emitidos los informes técnicos municipales y económicos que procedan sobre la liquidación efectuada, el Área de Urbanismo dará audiencia al concesionario por un plazo de diez días para que efectúe liquidación alternativa, si lo estima oportuno, antes de aprobar definitivamente la liquidación, que la empresa viene cifrando en unos 5 millones de euros.
