La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la nulidad del pleno extraordinario, celebrado el 7 de febrero de 2018, en el que el Gobierno de Antonio Moreno Ferrer derogó el Reglamento de Organización Interno y Estructura Administrativa del Ayuntamiento de Vélez Málaga, vulnerando los derechos fundamentales de la oposición al no celebrar comisión informativa previa ni facilitar documentación alguna al respecto.
El portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, ha informado este miércoles del fallo judicial, que desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y ratifica la sentencia dictada en noviembre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga a raíz del recurso interpuesto por el grupo ‘popular’ contra lo acordado en dicho pleno.
Según ha recordado Delgado, la sentencia supone la nulidad de esta derogación, por lo que el Reglamento de 2008 “está en plena vigencia” y todos los actos dictados con posterioridad, basándose en la nueva organización aprobada, “son nulos de pleno derecho”.
La sala deja claro que “se verifica la existencia de vulneraciones de normas procedimentales que implican la violación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución en lo relativo al efectivo desempeño del cargo público a que todos los concejales, en el ejercicio de su cargo, tienen derecho”, por lo que considera que el recurso del Ayuntamiento debe ser íntegramente desestimado.
Delgado Bonilla ha pedido la dimisión del alcalde, Moreno Ferrer, por su “gran déficit democrático”
Para Delgado Bonilla, esta sentencia supone “un nuevo varapalo judicial” para el Ayuntamiento y “confirma la vulneración constante de los derechos de la oposición” por parte de Moreno Ferrer (PSOE) y sus socios de gobierno, en este caso con un pleno “en el que se quería derogar un Reglamento de Organización que el Ayuntamiento tenía vigente desde 2008”.
El portavoz ‘popular’ ha detallado que es la quinta vez que una sentencia condena al Ayuntamiento de Vélez, y concretamente a Moreno Ferrer, por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición, “cuya labor de control y fiscalización de la acción de gobierno está amparada constitucionalmente”.
