La delegada destaca la regularización de viviendas como una de las medidas para luchar contra la despoblación del interior
Patricia Navarro ha explicado en rueda de prensa que el decreto sobre Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía “resolverá de una vez por todas la grave situación de las edificaciones irregulares", pero que los propietarios deberán adoptar medidas compensatorias.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha indicado que en la provincia son unas 50.000 edificaciones las censadas que están sin regularizar y que se podrían acoger a la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), “que no es una amnistía sino que da certidumbre, seguridad jurídica y soluciones a decenas de familias” y que permitirá organizar el territorio andaluz.
Además se trata de una medida que contribuye a “fijar población, luchando así contra el abandono de los pueblos del interior como proyecto de futuro, porque tenemos que ayudar a que esa tradición tan nuestra de vivir en el campo se mantenga, es preciso no poner obstáculos siempre dentro de la legalidad y la ordenación”, ha dicho.
La delegada ha asegurado que es voluntad del nuevo Gobierno “priorizar la labor inspectora y sancionadora” en este sentido, para “evitar que pase lo que ha estado pasando en gobiernos anteriores, precisamente por falta de actuación”.
Por su parte, la delegada territorial de Fomento, Carmen Casero, ha recordado que desde 2003, “con la famosa LOUA, hemos estado inmersos en una maraña de normativas y planes territoriales que, lejos de agilizar la regularización de estas edificaciones, han dilatado la situación en el tiempo por la complejidad de trámites burocráticos”.
Casero ha hecho hincapié en que la figura de AFO precisaba hasta ahora de un planeamiento, “pero hay planes generales que han tardado 15 y casi 20 años en salir a la luz, por lo que era del todo ineficaz; ahora no será necesario y el trámite no sobrepasará del año o año y medio en caso de precisar un planeamiento especial, que no general”.
Medidas correctoras
La finalidad es “poner fin a la maraña de despropósitos que anteriores gobiernos socialistas no han resuelto, pero tampoco es una carta blanca”, ya que los propietarios deben adoptar medidas compensatorias.
Para la regularización de viviendas “se impondrán medidas para corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobre explotación de recursos como el agua y el suelo”.
Por eso, “el éxito de este decreto ley dependerá de la voluntad de los propietarios y de los ayuntamientos. Las corporaciones municipales son las que tiene que dar el impulso necesario para que las viviendas irregulares que cumplan los requisitos se normalicen”, ha explicado Casero.
De las más de 50.000 viviendas que podrán acogerse al decreto ley en la provincia de Málaga, casi 19.000 se localizan en el término municipal de la capital, más de 15.000 en la Axarquía y unas 7.600 en la Costa del Sol. Además en las zonas de Antequera y Ronda también se contabilizan unas 13.000 edificaciones.
No podrán acceder a la figura de AFO las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco tendrán esa opción las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección, ya que su delito no prescribe.