Son casi 200 socios, principalmente residentes extranjeros, cuya misión es promover la protección de sus derechos de acuerdo al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y ayudar a otros residentes a proteger sus casas ante lo que ha sido un desamparo administrativo.
El trabajo de SOHA se ha centrado especialmente en buscar ese diálogo con las distintas administraciones y encontrar el punto de justicia para los afectados. Pero saben que la lucha no ha terminado. “Puede volver a pasar en cualquier momento, es decir, propietarios que se encuentren con una nulidad de su licencia”, ha resaltado su presidente, Philip Smalley.
“Los Ayuntamientos otorgaron licencias de obras, y después de pagar esa licencia y demás gastos (arquitecto, notaria, Registro de la propiedad, impuestos de la Junta de Andalucía, etc.) nos encontramos que es la propia Junta de Andalucía la que incide para que se revoquen las licencias que nos otorgaron”, explica Smalley en la carta.
“Nuestra asociación se ha caracterizado por su lucha contra la injusticia que se cometió con nuestros socios, compradores de buena fe, que ahora han visto como nos afectan las irregularidades administrativas que se cometieron en el pasado, como por ejemplo anulando el valor hipotecario de nuestras viviendas”, concluye el presidente de SOHA.
La Asociación en este tiempo ha logrado cambios normativos muy significativos tanto en la legislación nacional como autonómica que han supuesto salvar a más de 25.000 viviendas de una injusta demolición.
Finalmente, hacen un llamamiento a “la necesidad de confiar en las instituciones y trabajar juntos para resolver este problema que afecta a 300.000 viviendas en Andalucía y que es un verdadero drama social”.
