“Cualquier iniciativa por parte de la Junta de Andalucía siempre contará con el apoyo de SOHA, incluso cuando no llegue a solucionar la problemática de nuestros socios”, ha comentado su portavoz, Mario Blancke.

Sin embargo, la asociación considera que el Decreto-ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sigue teniendo el mismo error que las anteriores reformas que se han propuesto hasta la fecha, ya que sigue excluyendo a las viviendas que se construyeron con todos los permisos del Ayuntamiento y que posteriormente la Junta de Andalucía declaró nulas al considerar que estaban fuera de ordenamiento. ”Esta vez, no es diferente y dejan fuera a los compradores de buena fe, propietarios víctimas de la administración local, único órgano competente para emitir los permisos”, afirma Mario Blancke.

En SOHA existen 400 socios mayoritariamente jubilados y británicos, aunque hay muchos alemanes, holandeses, belgas, noruegos, que llevan aquí alrededor de 15 años y que obtuvieron previamente sus licencias para construir sus viviendas siguiendo todos los trámites que les iban pidiendo, es decir, “nada hicieron a espaldas de la Administración”, indica el presidente de SOHA, Philip Smalley.

En esta línea, Smalley añade que es precisamente esta población la que mantiene económicamente a la “Axarquia vaciada” y se felicita por que Diputación de Málaga se haya comprometido a trabajar contra la despoblación de estos pueblos pequeños. 

“Por eso nuestra lucha tendrá que seguir”

Respecto a la legalidad de las licencias que se otorgaron, dicho decreto no entra a valorar este supuesto. “Por eso nuestra lucha tendrá que seguir”, comenta Mario. El camino recorrido por SOHA en estos más de diez años de perseverancia ha solucionado que muchas viviendas directamente podían considerarse como ilegales al no disponer de los permisos legalmente exigibles. “Nos felicitamos por ello, pero no ha solucionado el problema de nuestros socios”, concluye Blancke.

La asociación considera positivo el Decreto 3/2019, sobre todo, para las viviendas que estaban en asentamientos que a través de la figura del AFO podrán por fin acceder al Registro de la Propiedad sin tener que esperar el tortuoso camino de los PGOU’s.

Por último SOHA, continuando con su lucha,  tomara otras vías para encontrar soluciones como la posibilidad de un encuentro con la Consejería de Justicia para buscar una interpretación más flexible del art. 110 de la Ley 39/2015. Este artículo limita el derecho de la Administración a revisar sus propios actos y, por lo tanto, mantener la vigencia de nuestros permisos. Esto dejaría nuestras viviendas en la situación jurídica conocido como Legal Fuera de Ordenación. “Habiendo cumplido con nuestras obligaciones, no podemos conformarnos con menos”, concluye Blancke.